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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA PENA DE MUERTE Y EN SOLIDARIDAD CON PABLO IBAR

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, máximo órgano de representación de la ciudadanía guipuzcoana, mantienen desde siempre un compromiso unánime en contra de la pena de muerte y en favor de su abolición en todos los países del mundo, por considerar que las leyes penales deben servir para reinsertar, y que la pena capital es un acto brutal que anula el valor de la vida humana y es símbolo de terror, crueldad y primitivismo.

Por tanto, hoy como siempre, el Parlamento guipuzcoano se posiciona a favor de la lucha abolicionista de millones de personas en el mundo y aplaude la labor de organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones no gubernamentales y activistas de los derechos humanos, bajo la común consideración de que la pena de muerte es la expresión absoluta de violación de los derechos humanos, denunciando igualmente y con idéntica firmeza que la pena capital viene unida a la vulneración de otros derechos fundamentales como son el derecho a la justicia y a un proceso judicial con las garantías debidas. Es entonces cuando la pena de muerte, se convierte además en un castigo racista y clasista que se impone a los colectivos más desfavorecidos y con menos recursos. La pena de muerte es en muchas partes del mundo, y muy especialmente en los EEUU de América una pena racista y clasista en que la ejecución de una persona es aún "una cuestión de dinero", donde solo se tiene la posibilidad de evitarla si se tiene una alta capacidad económica o gran poder social para afrontar los gastos de una adecuada defensa letrada.

Gipuzkoa ha conocido de cerca todas esas caras oscuras de esta pena éticamente rechazable, indigna e irreversible: Paco Larrañaga y Pablo Ibar fueron condenados a la pena capital y sus familias han luchado incansablemente, y acompañados de toda la sociedad vasca y la guipuzcoana, han venido luchando por salvar a los mismos de la aplicación de esa pena injusta. Esa lucha social, política e institucional tuvo su efecto en Filipinas, donde se consiguió la conmutación de la pena capital y el traslado de Paco Larrañaga a la prisión de Martutene y en este momento se están dando grandes avances legales para que tenga acceso a la libertad.

Sin embargo, en la prisión de Starke del estado de Florida, en los Estados Unidos de América, Pablo Ibar continúa consumiendo sus días en el corredor de la muerte, a la espera de que en ese país se subsane el juicio injusto, ilegal e indebido en el que el joven de origen guipuzcoano fue condenado a muerte. Esta semana hemos conocido que ese nuevo juicio que se pide se celebre con las debidas garantías legales, esto es sin los defectos y vulneraciones de derechos con los que se celebro el primero, ha sido denegado por un Juez. Un juez estadounidense que ha tardado más de tres años en contestar a la solicitud presentada por la defensa de Ibar. Ahora queda la apelación al Tribunal de Florida, una nueva petición que condenará a Pablo Ibar al menos a dos años más de locura y hacinamiento en el corredor de la muerte de Florida y por el que tendrá que pagar al menos otros 300.000 Euros para su interposición y defensa.

La Justicia para Pablo Ibar se ha convertido en una lucha contra el tiempo y en la ruina económica de sus padres y amigos si no fuese por la ayuda de las instituciones guipuzcoanas, vascas y españolas, así como de las organizaciones sociales contra la pena de muerte, entre la que destaca la que lleva su nombre.

Las Juntas Generales, ante la noticia conocida el pasado 13 de febrero que deniega un nuevo juicio que sea justo y con las debidas garantías, la sociedad guipuzcoana seguimos esperando que el enorme trabajo y la lucha incansable de su familia y amigos, así como del conjunto de todas las instituciones, consigan ese nuevo juicio en la apelación interpuesta ante el Tribunal de Apelación de Florida, un juicio que no tuvo porque no dispuso de los recursos económicos suficientes para defenderse y así poder evitar la imposición de la pena capital por el estado de Florida.

En virtud de lo anterior, las Juntas Generales de Gipuzkoa acuerdan la siguiente comunicación institucional.

1. Las Juntas Generales rechazan la pena de muerte en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, por ser una forma de castigo discriminatoria, inhumana, irrevocable y una forma de punición atentatoria de los derechos humanos y se ratifican en el rechazo a la pena capital, en consonancia con el sentimiento mayoritario de la sociedad guipuzcoana que ha expresado pública y continuadamente su defensa del derecho a la vida y la del respeto a todos los derechos humanos fundamentales.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa recuerdan que según las declaraciones internacionales de Derechos Humanos las leyes penales deben servir para reinsertar en la sociedad a quienes cometan delitos y no solo como simple punición.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa se posicionan a favor de la lucha abolicionista de millones de personas en el mundo y aplaude la labor de organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones no gubernamentales y activistas de los derechos humanos a favor de la desaparición de la pena capital en todo los países, y, en todo caso, a favor del cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales de moratoria en las ejecuciones; ello en el convencimiento común de que la pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida de todas las personas.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan nuevamente su solidaridad con Pablo Ibar y su poyo institucional a la familia en la nueva causa judicial que ha emprendido y que pretende garantizar su derecho a recibir una asistencia jurídica adecuada y un juicio justo con las debidas garantías legales.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa renuevan el llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana para que envíen cartas de apoyo a Pablo Ibar a la prisión donde se encuentra internado, la penitenciaria de Starke, en Florida, Estados Unidos.

6. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento al Gobierno Español, a que, en defensa del derecho fundamental a la vida de los ciudadanos de nacionalidad española, adopte cuantas medidas políticas, legislativas, económicas y diplomáticas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica de calidad y capacidad suficiente a los ciudadanos condenados a muerte y, en este caso, a Pablo Ibar, que ahora deberá hacer frente a los gastos cuantiosísimos derivados de la apelación ante el Tribunal supremo de Florida.

7. Las Juntas Generales instan a la Diputación Foral, a consolidar la partida presupuestaria que existe en la Dirección de Derechos humanos, destinada a financiar actuaciones a favor de la abolición de la pena capital y a atender, en la medida de sus posibilidades, con cargo a la misma las demandas y necesidades que les planteen los organismos o asociaciones que, como la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, tengan por objeto la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

8. Asimismo, las Juntas Generales de Gipuzkoa no pueden olvidar la situación de otras personas que se encuentran en la misma situación, como el preso japonés condenado a muerte, Hakamada Iwao, que lleva más de 42 años en el corredor de la muerte. Por ello, instan al Gobierno español para que solicite a los diferentes Gobiernos, que aplican la pena de muerte, a que establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte, sumándose a cuantas acciones a favor de la abolición de la pena de muerte se puedan hacer en dichos países.

9. Las Juntas Generales darán traslado de esta declaración institucional al Ararteko, al Defensor del pueblo, a la Embajada de EEUU y Japón en España, a la Asociación Pablo Ibar y al propio Sr. Ibar en el lugar donde se encuentra encarcelado, el corredor de la muerte de la prisión de Florida, expresándoles a estos dos últimos además, nuestro apoyo y solidaridad.